4F: Algo huele a podrido en Barcelona

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4F: Algo huele a podrido en Barcelona

Argelaga, 27-01-2015

El 17 de enero de 2015 la televisión catalana emitió, censurada y con un año de retraso, la película documental “Ciutat Morta”, que pese a aparecer en su canal secundario, gozó de numerosa audiencia. La “ciudadanía” dejó de mirar para otro lado por un instante y pudo constatar el calvario padecido por cinco jóvenes inocentes en manos de matones corruptos y de tribunales arbitrarios. El montaje del 4F no ha sido el único que ha revelado la connivencia entre políticos cómplices, policías torturadores y jueces prevaricadores. Recuérdese el 9F, el caso Raval, el del ojo de Esther Quintana, el de la muerte del actor Alfonso Bayard, el del ciudadano rumano Lucian Paduraru, el de las palizas de los tres jóvenes de Gracia o la reciente Operación Pandora, por sólo mencionar los más ruidosos. Tampoco es el único donde la policía ha actuado violentamente con total impunidad, ha manipulado atestados y ha mentido en los juicios; se sabe que además ésta se ha visto premiada con indultos, ascensos y recompensas por esa clase de Servicios.

Algo huele a podrido en Barcelona, pero que nadie se escandalice por ello más de la cuenta. Lo verdaderamente escandaloso no son las denuncias falsas, las vejaciones gratuitas infligidas a los detenidos o la saña criminal de los “protocolos de actuación” de los verdugos uniformados; mucho menos, la complicidad y el encubrimiento de los políticos, las coacciones a los testigos, la desestimación de pruebas y los procesos judiciales sin garantías. Lo indignante es que todo este universo kafkiano forma parte de la normalidad ciudadana. A día de hoy, tal tipo de conductas es normal, está legitimado, puesto que para los responsables de tanto atropello es la única forma de garantizar con eficacia el mantenimiento del orden establecido a escala municipal.

Las revueltas ocurren cuando los gobernantes pierden toda credibilidad y su autoridad no inspira respeto a quienes gobiernan. Es así de sencillo. En tal situación, aunque la gente obedezca por costumbre, el Sistema se sabe frágil; no le basta con disponer de un cuerpo político y judicial sin fisuras para aplastar el menor atisbo de vida independiente, sino que necesita un espacio público domesticado donde el trapicheo ambulante, la fiesta autónoma (que no era precisamente el caso de la “Anarco Peña Cultural”, delante de donde ocurrieron los hechos del 4F), la deriva opaca y sobre todo la libertad pública –ese gusto por hablar, discutir, respirar y actuar– no puedan ni siquiera asomar. Los dirigentes conciben a los súbditos díscolos como amenaza, o sea, como un “enemigo” capaz de colarse por cualquier resquicio. La naturaleza de dicho enemigo resulta fácil de elucidar con sólo mirar a las víctimas del celo policial: indigentes, inmigrantes, jóvenes “de estética okupa”, manifestantes, miembros de piquetes de huelga, y, en general, cualquiera que se cruce en el camino de los mercenarios del orden “cívico”.

Esas figuras del enemigo público han relevado a las del “desafecto”, “ateo”, “comunista” o “anarquista”, mediante las cuales la pasada dictadura de Franco exorcizaba a sus oponentes y justificaba una represión implacable. El régimen partitocrático nacido de la reconversión pactada de la dictadura no modificó un ápice la relación hostil entre gobernantes y gobernados; tampoco derogó la legislación punitiva anterior, ni purgó sus aparatos policial y judicial. La “peligrosidad social”, que caracterizaba al “enemigo”, se encarnó a su vez en el “terrorista”, el “traficante”, el “delincuente habitual” y, finalmente, en el “antisistema”, legitimando así una involución legal que suprimía derechos y permitía el acoso policial en nombre de los “valores democráticos” y la “seguridad ciudadana”. De modo semejante, la dictadura lo había hecho en nombre de la “paz”, la “religión” y el “orden público”. La partitocracia no había desarrollado instituciones capaces de integrar la protesta social, ni había conseguido que los colectivos disidentes se dejaran instrumentalizar o corromper, por lo que la cuestión social –la condición humana bajo un capitalismo en constante reestructuración– se iba contemplando desde la perspectiva dirigente como una cuestión de orden.

Como pasa siempre, los abusos policiales precedieron a la ley, indicándole el camino. Y con enorme facilidad, la partitocracia ha vaciado la carcasa liberal constitucionalista para reproducir condiciones político-sociales típicas de los regímenes autoritarios. Tiene demasiados puntos vulnerables, por eso se ha de proteger contra un enemigo multirreincidente, que lo mismo surge en forma de desahuciado, que en forma de enfermo de hepatitis C. Realmente la violencia policial indiscriminada es el primer paso de una guerra contra la población súbdita, a la que la conflictividad convierte en “sospechosa”. Y como en toda guerra, la fuerza es empleada para aniquilar al contrario, no para persuadirle de lo inapropiado de su proceder. Ahí el Sistema tiene siempre razón: las víctimas inocentes son culpables de haberse encontrado en el lugar equivocado, en el momento equivocado.

Paradigma de los nuevos fundamentos represivos de la sociedad capitalista son las aglomeraciones urbanas modernas, que hoy conforman un modo de vida obediente a los imperativos de la economía y de la política. En ellas no existe espacio público que pueda funcionar como ágora; el dominio de la decisión queda recluido en pasillos y despachos, fuera de los cuales “los fuertes se comportan como quieren y los débiles sufren como deben” (Tucídides). Una élite constituida por políticos, promotores culturales, banqueros, constructores, hoteleros y especuladores, administra las conurbaciones como si fueran empresas, impulsando procesos de “esponjamiento”, gentrificación y museificación. El objetivo no es otro que convertirlas en espacios explotables a semejanza de las grandes superficies comerciales y los parques temáticos. Dicha transformación requiere no solamente desplazamientos importantes del vecindario con escasos recursos, sino el control total de la calle y la expulsión por todos los medios de aquellos recalcitrantes, cuya presencia resulta molesta al nuevo usuario de la misma, a saber, el artista diseñador, el comprador o el turista.

En ese contexto de reordenación urbanística, la guardia urbana desempeña un papel higiénico semejante al de la policía armada del franquismo: ha de limpiar los lugares de población indeseable, pobre y fuera de control, aplicando sin trabas garantistas las políticas de tolerancia cero que se desprenden de las ordenanzas municipales restrictivas. De este modo, un fenómeno más bien de alcance menor como el de los mendigos, okupas fiesteros y migrantes indocumentados, por producirse donde no debe, se convierte en un problema urbano de primera magnitud. Eso explicaría de manera suficiente la existencia de cuerpos de dudosa legalidad como la unidad UPAS de la Guardia Urbana de Barcelona –compuesta por dos centenares de sicarios especializados tanto en la cacería de vagabundos y jóvenes con pintas llamativas, como en la disolución violenta de concentraciones y actos festivos irregulares. En consecuencia, también resultaría obvia la protección incondicional que disfrutan aquellos por parte de los alcaldes y concejales, así como la comprensión benevolente de jueces y fiscales, cosa que les otorga carta blanca para la comisión de toda clase de atropellos.

Esa mezcla de matonismo policial, connivencia procesal y conchabamiento político no es otra cosa que el “Sistema”, que desde Cataluña se promociona como “modelo Barcelona”, marca pionera en su género, cuyo rigor ha despertado la admiración de las élites urbanas peninsulares. Al original le han surgido imitadores, pero Barcelona sigue siendo la capital europea de la intolerancia y los malos tratos, algo de lo que sin duda sus políticos, sus magistrados y sus esbirros se sentirán orgullosos.

El montaje del 4F no fue una anécdota, sino un dato más en el haber del Sistema. Por eso el intento de revisión que propone “Ciutat Morta”, apoyándose en la explotación mediático-sentimental del sufrimiento de las víctimas y en la existencia de un “verdadero” culpable, nos parece errado. El culpable es de todos conocido de sobra: es el mismísimo “Sistema”. Éste es el torturador, el montajista, el prevaricador. Pedirle a éste una retractación, una compensación moral, o incluso una depuración de sus instituciones, solamente servirá para calmar la mala conciencia ciudadana del espectador, horrorizado ante las prácticas cotidianas con las que los guardianes del statu quo garantizan la estabilidad de su modo de vida sumiso. Entrar en el juego de los medios de comunicación pidiendo justicia y verdad a quien es por naturaleza injusto y falsario únicamente beneficia al Sistema, que con sólo echar mano de unas cuantas cabezas de turco quedará sólidamente legitimado ante sus acólitos y electores. No es ese el camino. A quien quiera encontarlo, sólo si realmente se le quiere encontrar, le bastará con mirar hacia todo lo que el montaje quiso suprimir.

4F: Quelcom fa pudor a Barcelona

Argelaga, 27-01-2015

El 17 de gener de 2015 la televisió catalana va emetre, censurada i gairebé amb un any de retard, la pel·lícula documental “Ciutat Morta”, que, malgrat sortir al seu canal secundari, va gaudir de nombrosa audiència. la “ciutadania” va deixar un moment de mirar cap a l’altre costat per constatar el calvari patit per cinc joves innocents en mans de matons corromputs i tribunals arbitraris. El muntatge del 4F no ha estat l’únic en revelar la connivència entre polítics còmplices, policies torturadors i jutges prevaricadors. Cal recordar el 9F, el cas Raval, el de l’ull de la Esther Quintana, el de la mort de l’actor Alfonso Bayard, el del ciutadà romanès Lucian Paduraru, el dels apallissaments als tres joves de Gràcia o la recent Operació Pandora, per tan sols mencionar els qui han fet més soroll. Tampoc ha estat l’únic cas on la policia ha actuat violentament en total impunitat, ha manipulat els atestats i ha mentit en els judicis; a més a més, se sap que ha estat premiada amb indults, ascensos i recompenses per aquesta mena de serveis.

Quelcom fa ferum a Barcelona, però que ningú no s’escandalitzi per això més del compte. Allò vertaderament escandalós no és les denúncies falses, les vexacions gratuïtes infligides als detinguts o la ferotgia criminal dels “protocols d’actuació” dels botxins uniformats; menys encara la complicitat i l’encobriment dels polítics, les coaccions als testimonis, la desestimació de proves sòlides i els processos judicials sense garanties. El més indignant és que tot aquest univers kafkià fa part de la normalitat ciutadana. Avui en dia, aquest tipus de conductes és normal i està legitimat, ja que per als responsables de tantes malifetes és l’única manera de garantir eficaçment l’odre establert a escala municipal.

Les revoltes venen quan els governats perden tota la seva credibilitat i la seva autoritat ja no inspira respecte als governats. És així de fàcil. En una situació com aquesta, encara que la gent obeeixi per costum, el Sistema se sent fràgil; ja no n’hi ha prou amb disposar d’un cos polític i judicial sense esquerdes per poder aixafar el menor indici de vida independent. Li cal un espai públic domesticat on la venda i tripijoc ambulants, la festa autònoma (aquest no era precisament el cas de la “Anarcopeña Cultural”, davant d´on ocorregueren els fets del 4F), la deriva fosca i per damunt de tot la llibertat pública –el gust per parlar, discutir, respirar i actuar– no pugi ni tan sols abocar-se. Els dirigents imaginen els súbdits malobedients com a un perill, és a dir, com a un “enemic” que pot esmunyir-se per qualsevol badall. La naturalesa de tal enemic hom pot comprovar-se mirant solament les víctimes del zel policíac: indigents, immigrants, joves “d’estètica okupa”, manifestants, membres de piquets de vaga, i, en general, qualsevol que per atzar s’ensopegui amb els mercenaris de l’ordre “cívic”.

Aquestes figures de l’enemic públic han rellevat les del “desafecte”, “ateu”, “comunista” o “anarquista”, amb què la dictadura de Franco exorcitzava els seus oposants i justificava una repressió implacable. El règim partitocràtic nascut de la reconversió pactada de la Dictadura no va modificar un borrall la relació mal avinguda entre governants i governats; tampoc no va derogar la legislació punitiva anterior ni va esporgar de feixistes, pixa-piles i torturadors els aparells judicial i policial. La “perillositat social” que caracteritzava l’enemic aquesta vegada es va encarnar en el “terrorista”, el “traficant”, el “delinqüent habitual” i, finalment, en l’“anti-sistema”, romanent així legitimada la involució legal de la Transició, que suprimia drets i permetia l’assetjament policial en nom dels “valors democràtics” i de la “seguretat ciutadana”. De manera semblant, la Dictadura ho havia fet abans en nom de la “pau”, la “religió” i l’“ordre públic”. La partitocràcia tampoc no havia desenvolupat institucions capacitades per a integrar la protesta social, ni tan sols havia aconseguit que els col·lectius dissidents es deixessin instrumentalitzar o corrompre, per la qual cosa la qüestió social –la condició humana sota un capitalisme en constant reestructuració– s’anava contemplant des de la perspectiva dirigent com una difícil qüestió d’ordre.

Con sovint passa, els abusos policials anaven per davant, senyalant el camí a la llei. I amb enorme facilitat, la partitocràcia va buidar la carcassa liberal constitucionalista per reproduir les condicions polític-policials típiques dels règims autoritaris. Té massa punts febles, per això ha de protegir-se d’un enemic multireincident, que igual surt en forma de desnonat, que de malalt d’hepatitis C. En veritat, la violència policial indiscriminada és el primer pas d’una guerra contra la població a qui es vol sotmesa, la resistència de la qual la converteix en “sospitosa”. I com en tota guerra, la violència s’utilitza per aniquilar el contrari, no per convèncer-lo de res. En aquest punt el Sistema té sempre raó: les víctimes innocents són culpables de trobar-se al lloc equivocat en el moment equivocat.

Paradigma dels nous fonaments repressius de la societat capitalista són les aglomeracions urbanes modernes, que avui produeixen una manera de viure agenollada davant la economia i la política. Allà, no n’hi ha cap d’espai públic que pugui funcionar com a àgora; el domini de la decisió es queda reclòs als passadissos i despatxos, fora dels quals “els forts es comporten com volen i els dèbils pateixen com deuen” (Tucídides). Una elit constituïda per polítics, promotors culturals, banquers, constructors, hotelers i especuladors, administra les conurbacions com si fossin empreses, impulsant processos d’“esponjament”, gentrificació i museificació. L’objectiu no és cap altre que transformar-les en espais explotables semblants a les grans superfícies comercials i els parcs temàtics. Aquesta reconversió exigeix el desplaçament del veïnat amb poc recursos, el control total del carrer i l’expulsió per qualsevol medi de tots aquells encaparrats en habitar una ciutat viva, la presència dels quals molesta el nou usuari de la conurbació re-addicionada, a saber, l’artista de disseny, el comprador i el turista.

Dins d’aquest context d’ordenació urbanística, la guàrdia urbana juga un paper higiènic molt proper al que jugava la policia armada durant el franquisme: ha de netejar els llocs cèntrics de població indesitjable, pobra i fora de control, aplicant sense entrebancs garantistes les polítiques de tolerància zero que deriven de les “ordenances” municipals restrictives. Així, un fenomen gairebé de poc abast com ara els pidolaires, els “llauners”, els okupes festers i els migrants indocumentats, en ocórrer on no cal, es torna un problema urbà de primera magnitud. Això explicaria bastant la existència d’un cos de legalitat dubtosa com la unitat UPAS de la Guàrdia Urbana de Barcelona –dos cents sicaris especialitzats tant en la cacera de vagabunds i joves amb aspecte cridaner, com en la dissolució violenta de concentracions, gentades i festes irregulars. Conseqüentment, també s’explicaria la protecció incondicional que gaudeixen els UPAS per la part d’alcaldes i regidors, així com la comprensió benevolent de jutges i fiscals, la qual cosa els dóna carta blanca en la comissió de tota mena de barbaritats.

Aquesta barreja de matonisme policial, connivència processal i col·lusió política, no és altra cosa que l’anomenat “Sistema”, que a Catalunya es promociona com a “Model Barcelona”, marca pionera, el rigor i crueltat de la qual ha despertat l’admiració de les altres elits dirigents peninsulars. A l’original li han sortit imitadors, però Barcelona segueix essent la capital europea de la intolerància i dels mals tractaments, quelcom que sens dubte farà l’orgull dels seus polítics, magistrats i esbirros.

El muntatge del 4F no fou una anècdota, ans fou una entrada positiva en el compte del Sistema. Per això l’intent de revisió proposat per “Ciutat Morta”, en recolzar-se amb l’explotació mediàtica-sentimental del sofriment de les víctimes i en la existència d’un “vertader” culpable, ens sembla errat. El culpable és de tots conegut de sobres: és el mateix “Sistema”. Aquest és qui tortura, fa muntatges i dicta condemnes injustes. Demanar-li una retractació, una compensació moral o fins i tot una depuració de les seves institucions, només servirà per apaivagar la mala consciència ciutadana de l’espectador, horroritzat davant les pràctiques quotidianes amb les que els guardians del statu quo garanteixen l’estabilitat del seu mode de viure submís. Entrar en el joc dels mitjans de comunicació i demanar justícia i veritat a qui per definició és injust i mentider solament beneficia el Sistema, que amb uns quants bocs emissaris quedarà ben legitimat davant els seus acòlits i electors. Aquest no és el camí. Qui el vulgui trobar, si ho vol de veritat, tindrà prou en mirar cap a tot allò que el muntatge del 4F va voler liquidar.