Ley Mordaza: La ley 1984

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Argelaga, 6-07-2015

El 1 de julio, momento de la entrada en vigor de la Ley Mordaza y de la última Reforma del Código Penal, la monarquía española se convierte en un Estado policía, culminando una etapa de populismo punitivo que arranca en la década de los noventa con la Ley de la Patada en la Puerta y el Código Penal “de la democracia”, el más duro de Europa y digno heredero del código franquista vigente hasta 1995. Lo que había sido hasta hoy un Estado partitocrático caracterizado por un autoritarismo rampante emanando de un “poder” legislativo que poco a poco iba conculcando derechos y suprimiendo libertades con la ayuda de un “poder” judicial dependiente de los partidos, ya es un Estado de excepción declarado gracias a un ordenamiento jurídico hecho a la medida del aparato represivo. La diferencia no es sutil: hasta anteayer la partitocracia se apoyaba principalmente en el conformismo de las masas; ahora ante todo lo hace en “las fuerzas y cuerpos de seguridad”. Eso quiere decir que, bien por la irrupción incontrolable de la cuestión social, bien por la debilidad irrefrenable del régimen ante las consecuencias de la salida de Grecia de la zona euro, los problemas políticos se están contemplando cada vez más como problemas de seguridad, es decir, como problemas de orden público. Al menos, a una parte significativa de la clase dominante le ha entrado pánico ante el peligro que conlleva el desarrollo de los conflictos sociales en las urbes y el territorio, consecuencia directa de la crisis económica y el descrédito institucional, y ha considerado que no era suficiente el refuerzo del sistema de partidos que ha supuesto la aparición de nuevas opciones políticas. Una parte de la oligarquía dirigente confía más en la integración de los partidos y coaliciones emergentes gracias a una política de pactos; la otra, cree más en los cordones policiales con carta blanca para reprimir sin contemplaciones toda veleidad de protesta y de disidencia. En un caso bastaría con los mecanismos de vigilancia y control habituales del posfranquismo, fuertemente respaldados por la legislación de los anteriores gobiernos socialistas; en el otro, se trataría lisa y llanamente de volver a la política de orden practicada por la dictadura franquista.

El pacto social que fundamentaba la partitocracia, representado por la ley Corcuera, parece haberse resquebrajado. Las fuerzas políticas partidarias de anteponer la “seguridad ciudadana” al estado actual de los derechos de intimidad, vivienda, acogida, reunión, manifestación y expresión, de por sí bastante recortados, piensan que la situación social amenaza con deteriorarse y derivar hacia coyunturas griegas pues el régimen es demasiado vulnerable a las especulaciones financieras y a medida que surjan nuevos agujeros en la financiación lo será todavía más. A fin de conjurar una crisis potencial con otro rescate en el horizonte complicado con un Syriza a la española, ellas han apostado por la línea dura. Creen conveniente imponer un “marco jurídico adecuado” y una desregulación de la actividad policial que permita total impunidad a prácticas ilegales que se venían ejecutando sin demasiada cobertura, tal como hizo en su momento la anterior ley. Incluso se le autoriza a imponer sanciones que antes incumbían al juez. Parece que la intervención arbitraria y desproporcionada de la policía contra “terceros” que protesten sea, oligárquicamente hablando, la única forma de garantizar “el normal funcionamiento de las instituciones” dentro de la crisis y asimismo, de mantener “la tranquilidad” de los ciudadanos que deciden en la economía y la política. Para que la sociedad y el Estado continúen en manos de irresponsables y corruptos, la calle ha de quedar a merced de los verdaderos violentos: la madera.

La ley Mordaza es la primera de su estilo en definir el concepto de “seguridad ciudadana”: es “la garantía de que los derechos y libertades reconocidos y amparados por las constituciones democráticas puedan ser ejercidos libremente por la ciudadanía”. La redacción resulta más clara de entender cuando se tiene en cuenta que se refiere al derecho de estar de acuerdo con las disposiciones del Estado y a la libertad para obedecerlas. La legislación securitaria amplía el muestrario de hechos “perturbadores” y figuras delictivas con términos suficientemente ambiguos como para abarcar a un sector importante de la población, aquél que se manifiesta, desobedece, grita a los políticos, se opone a los desahucios, convoca movidas por internet; aquél que forma parte de piquetes de huelga, okupa casas, corta el tráfico, fotografía las brutalidades de las fuerzas de orden; aquel que interfiere “en el funcionamiento de infraestructuras críticas”, es decir, que defiende el territorio, e incluso el hincha futbolero demasiado ruidoso y… aquél que hace botellón: la dipsomanía juvenil resulta ahora subversiva a la mirada beata de los dirigentes. En el cesto punitivo cabe de todo, desde el yihadista fanático al modesto ciudadano que no se cree obligado a mostrar su carnet de identidad al primer esbirro; desde el pacifista que se encadena contra las líneas MAT al viandante que rehúsa un cacheo; desde el inmigrante indocumentado al insolvente que se resiste a abandonar su casa. Todos ellos son “infractores”, y como tales figurarán en un registro, cualquiera que sea la levedad de la infracción o el grado de culpabilidad, porque aunque ésta sea mínima, puede ser susceptible de considerarse contraria al orden constitucional, y por lo tanto, responsable de aportar su grano de arena a la desestabilización “de las instituciones políticas, de las estructuras económicas o sociales del Estado”.

La ley Mordaza nos indica que el régimen partitocrático evoluciona imparablemente hacia una sociedad orwelliana como la descrita en la novela “1984”, con la información unilateral, el control de masas, la represión del activismo social, la erradicación de la inteligencia crítica, las neolenguas y los ministerios de la opresión, donde cualquier muestra exterior de disconformidad puede comportar terribles humillaciones. Es evidente el Gran Hermano de hoy no es el Partido, sino el Estado partitocrático, pero los lemas siguen siendo los mismos: “la guerra es la paz”, “la libertad es la esclavitud”, “la ignorancia es la fuerza”. La Ley Mordaza es un producto típico de la Razón de Estado, pues con ella se persigue un aumento de poder que apunta a la conservación del régimen por encima de los súbditos denominados “ciudadanos”, sea cual sea el medio empleado. De preferencia, los inmorales, arbitrarios, violentos e ilegítimos, pues a los ojos de los expertos represores de la oligarquía dirigente, son los más eficaces. La partitocracia desde el pasado 1 de julio es ya visiblemente lo que ya era esencialmente: un Estado policial que da la bienvenida a su “ciudadanía” con una expansión penal perfectamente regulada sin necesidad de recurrir al golpe de Estado.

La loi 1984

Argelaga, le 6 juillet 2015

Le 1er juillet 2015, moment de l’entrée en vigueur de la « ley mordaza »et de la dernière réforme du Code pénal, la monarchie espagnole s’est transformée en un État policier, achevant ainsi une étape de populisme punitif qui démarra dans la décennie des années 90 avec la « ley de la patada en la puerta » et le Code pénal « de la démocratie » en vigueur depuis 1995 : le plus dur en Europe et digne héritier du code franquiste. Ce qui avait été jusqu’à aujourd’hui un État de partitocratie caractérisé par un autoritarisme rampant émanant d’un « pouvoir » législatif qui peu à peu foulait aux pieds les droits et supprimait les libertés, avec la complicité d’un « pouvoir » judiciaire dépendant des partis, est dorénavant un État d’exception déclaré grâce à un système juridique fait à la mesure de l’appareil répressif. La différence n’est pas mince : jusqu’à avant-hier, la partitocratie s’appuyait principalement sur le conformisme des masses ; maintenant, elle le fait avant tout sur « les forces et les corps de sécurité ». Cela veut dire que les problèmes politiques sont de plus en plus considérés comme des problèmes de sécurité, c’est-à-dire des problèmes d’ordre public, que cela soit l’irruption incontrôlable de la question sociale ou l’affaiblissement irrépressible du régime devant les conséquences de la sortie de la Grèce de la zone euro. Il y a au minimum une part significative de la classe dominante qui est prise de panique devant le danger que comporte le développement des conflits sociaux dans les grandes villes et sur le territoire, conséquence directe de la crise économique et du discrédit institutionnel, et qui considère que le renforcement du système des partis qui a conduit à l’apparition de nouvelles options politiques n’est pas suffisant. Une partie de l’oligarchie dirigeante a plus confiance en l’intégration des partis et des coalitions émergentes à l’aide d’une politique d’accords ; une autre croit davantage aux cordons policiers avec carte blanche pour réprimer sans ménagements toutes velléités de protestation et de dissidence. Dans un cas, il suffirait d’appliquer les mécanismes habituels de vigilance et de contrôle du post-franquisme, fortement soutenus par la législation des gouvernements socialistes antérieurs ; dans l’autre, il s’agirait purement et simplement d’un retour à la politique de l’ordre pratiquée par la dictature franquiste.

Le pacte social qui fondait la partitocratie symbolisé par la loi Corcuera paraît s’être fissuré. Les forces politiques qui prétendent faire passer la « sécurité citoyenne » avant les droits actuels sur la vie privée, le logement, l’accueil de refugiés, le droit de réunion, de manifestation et d’expression, pourtant eux-mêmes déjà bien réduits, pensent que la situation sociale menace de se détériorer et de dériver vers des conjonctures à la grecque, car le régime est trop vulnérable face aux spéculations financières, et à mesure que de nouveaux trous surgissent dans le financement, il le sera encore plus. Pour conjurer une crise potentielle avec un autre sauvetage compliqué à l’horizon, comme un Syriza à l’espagnole, elles ont parié sur la ligne dure. Elles considèrent nécessaire d’imposer un « cadre juridique adéquat » et une dérèglementation de l’activité policière qui permet une impunité totale lors de pratiques jusque-là illégales et exécutées sans trop de couverture, comme l’avait fait en son temps la loi précédente. On l’autorise même à prendre des sanctions qui incombaient auparavant au juge. Il semble que l’intervention arbitraire et disproportionnée de la police contre les « terceros », c’est-à-dire ceux qui protestent, soit, oligarchiquement parlant, la seule façon de garantir un « fonctionnement normal des institutions » à l’intérieur de la crise et, de la même manière, d’assurer la « tranquillité » des citoyens qui décident dans l’économie et la politique. Pour que la société et l’État continuent d’être dans les mains d’irresponsables et de corrompus, la rue doit rester à la merci des vrais violents : la flicaille.

La « loi bâillon » est la première du genre à définir le concept de « sécurité citoyenne » : c’est « la garantie que les droits et les libertés reconnues et protégés par les constitutions démocratiques peuvent être librement exercés par la citoyenneté ». Le propos s’éclaircit quand on comprend qu’il se réfère au droit d’être d’accord avec les dispositions de l’État et à la liberté de lui obéir. La législation sécuritaire agrandit l’échantillonnage des faits « perturbateurs » et des formes délictueuses dans des termes suffisamment ambigus pour couvrir un secteur important de la population : celui qui manifeste, désobéit, critique les politiques, s’oppose aux expulsions, convoque des actions par internet ; celui qui fait partie des piquets de grève, occupe les maisons, arrête le trafic, photographie les brutalités des forces de l’ordre ; celui qui interfère « dans le fonctionnement des infrastructures critiques », c’est-à-dire qui défend le territoire, y compris le supporteur passionné de football trop bruyant et… celui qui participe à un botellón : la dipsomanie juvénile semble maintenant devenue subversive aux yeux dévots des dirigeants. Dans le panier punitif, on trouve de tout, du fanatique djihadiste au citoyen modeste qui ne se croit pas obligé de montrer sa carte d’identité au premier sbire venu, du pacifiste qui s’enchaîne contre les lignes THT au piéton qui refuse d’être fouillé, de l’immigrant sans papiers à l’insolvable qui résiste pour ne pas abandonner sa maison. Tous sont « infractores » (transgresseurs) et à ce titre figureront dans un registre, quelle que soit la légèreté de l’infraction et le degré de culpabilité, parce que si minimale soit-elle, elle est susceptible d’être considérée comme opposée à l’ordre constitutionnel et par conséquent responsable d’apporter son grain de sable à la déstabilisation « des institutions politiques, des structures économiques ou sociales de l’État ».

La « loi bâillon » nous indique que le régime de partitocratie évolue inéluctablement vers une société totalitaire, telle celle dénoncée par Orwell dans son roman « 1984 » : une information unilatérale, un contrôle des masses, une répression de l’activisme social, l’éradication de l’intelligence critique, les néo-langages et les ministères de l’oppression, où n’importe quel signe extérieur de non-conformité peut provoquer de terribles humiliations. Aujourd’hui, Big Brother n’est évidemment pas le Parti, mais l’État partitocratique ; néanmoins, les devises restent les mêmes : « la guerre, c’est la paix », « la liberté, c’est l’esclavage », « l’ignorance, c’est la force ». La « loi bâillon » est un produit typique de la Raison d’État parce qu’avec elle on vise un renforcement du pouvoir qui tend à la conservation du régime au-dessus des sujets appelés « citoyens », quel que soit le moyen employé. De préférence immoraux, arbitraires, violents et illégitimes, puisqu’aux yeux des experts en répression de l’oligarchie dirigeante, ils sont les plus efficaces. Depuis le 1er juillet, la partitocratie est visiblement ce qu’elle était déjà essentiellement : un État policier qui souhaite la bienvenue à son « citoyennisme » avec une expansion pénale parfaitement réglementée sans avoir besoin de recourir au coup d’État.

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2 responses to “Ley Mordaza: La ley 1984

  1. Retroenllaç: La Ley 1984 - Tokata | Boletín de difusión, debate y lucha social | Tokata | Boletín de difusión, debate y lucha social·

  2. Retroenllaç: Lei Mordaza: A lei 1984 | abordaxe·

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