La quiebra de la ciudad horizontal. El caso de Bon Pastor (Barcelona)

Stefano Portelli

A menudo las luchas antidesarrollistas se centran en los ámbitos rurales, el campo o los valles afectadas por el TAV o por la MAT. La expansión de las ciudades, la urbanización del campo, es sin duda el aspecto más visible de la compulsión por el crecimiento que está destruyendo nuestro hábitat. Pero la ciudad no crece sólo en extensión; crece también sobre sí misma, aplastando zonas y ambientes consolidados, y sustituyéndolos con nuevos espacios más adecuados a los imperativos económicos. Así, las luchas contra la especulación en los barrios y en defensa del territorio urbano también tienen que interpretarse como una batalla contra el desarrollo capitalista, ya que al modelo neoliberal también se pueden oponer formas y estilos de usar la ciudad que permitan socializar la cotidianidad, colectivamente proveer a nuestros transportes, diversión, gestión de las relaciones, hasta abastecimiento alimentario.

Hay lugares en la ciudad que surgen de este tipo de experiencias colectivas de autogestión y no necesariamente son ocupaciones o centros sociales. Pueden ser también barrios populares, como las Casas Baratas de Bon Pastor, en Barcelona. Cuando lo conocí, este barrio era una extensión de casi 800 viviendas de planta baja debajo de los árboles, justo en la orilla del río Besós: los habitantes habían pintado las fachadas a su gusto, y el entramado de pequeñas calles ortogonales se abría en tres plazoletas con los bancos y la fuente, que aún cumplían la función de lugares de encuentro y conversación. Era el más antiguo polígono de viviendas protegidas de Barcelona. Estigmatizado desde su nacimiento, fue una de las zonas de la ciudad donde más fuerza tuvo el anarcosindicalismo «callejero» de los años treinta: bombardeado por Franco, fue despreciado y abandonado por las administraciones municipales, tanto republicanas como fascistas y demócratas; si sus viviendas aguantaron hasta el 2007, fue por la labor constante de mantenimiento de los espacios que los habitantes hacían ya por costumbre.

Durante los siete años que duró nuestra investigación (2004-2011), el Ayuntamiento de Barcelona derribó la mitad de las casas. A los habitantes —todos inquilinos del Ayuntamiento— se prometieron pisos de compra, a construir en los terrenos liberados por los derribos, y la Generalitat ofreció ayudas para abaratar las hipotecas, obviamente a estipularse con un banco escogido por ellos. El paradigma de la modernidad, la retórica sobre la obsolescencia de lo antiguo, los discursos sobre «el tren del progreso» se utilizaron obsesivamente para convencer a los habitantes de las Casas Baratas para que firmaran los documentos necesarios y empezar este destructivo «Plan de Remodelación»: en particular, la renuncia a cualquier compensación económica por el desahucio forzoso. Un proceso de destrucción masiva del patrimonio histórico, de masificación urbanística y de reducción de la diversidad constructiva urbana, fue presentado como un beneficio para los afectados; la Asociación de Vecinos local (cuyos miembros pertenecían a los mismos partidos que gobernaban Ayuntamiento y Generalitat, pero casi ninguno de ellos vivía en las casas a derribar) durante años trabajó para convencer a todo el barrio de que los nuevos pisos eran un «regalo del cielo» y que pedir indemnizaciones hubiera sido boicotear el «progreso».

Pero nada es gratis, como sabemos bien los antropólogos. En octubre de 2007 algunas familias que no quisieron aceptar este regalo, prefiriendo reclamar las indemnizaciones que les tocaban por ley, fueron desalojadas a palos por los antidisturbios de la Guardia Urbana del Ayuntamiento, con una orden firmada por un juez administrativo del mismo. El barrio bajó la cabeza y se cedió a la voluntad de los más potentes hasta junio de 2010, cuando hubo otro resurgimiento de dignidad, con una «jornada de ocupación» espontánea, en la cual un centenar de habitantes abrieron 22 casas que el Ayuntamiento había cerrado, reivindicándolas para las familias del barrio. Otra vez la respuesta municipal fue contundente, dejando de nuevo el barrio de Bon Pastor contra la pared, ante la violencia y la implacabilidad del poder municipal. Públicamente, aún es difícil que en el barrio se admita lo que algunos dijeron desde el principio: que todo el proceso de derribo fue una enorme estafa, cuya finalidad era aumentar el patrimonio inmobiliario de la Administración, a expensas de las necesidades y de las vidas de sus habitantes —es decir, de los pocos ciudadanos de Barcelona que aún disfrutaban de una política de vivienda pública sostenible.

Y eso no es todo. Porque en los ochenta años de vida del polígono de Casas Baratas, sus habitantes habían realmente «progresado», en un sentido muy diferente del habitual. Entrevistando a la gente, viviendo allí durante años, luchando juntos con ellos para reivindicar las indemnizaciones, para reclamar mejores condiciones de traslado, estudiando juntos soluciones alternativas al derribo, entendimos hasta que punto los ochenta años de cohabitación en ese mismo espacio habían creado lazos muy especiales. «Era como si viviéramos todos en la misma casa, pero en habitaciones diferentes», me dijo una vez una mujer, nacida y crecida en las Casas Baratas. Sus calles eran patios de juego para los pequeños y salas de estar comunes de los vecinos; apoyadas en las puertas, las vecinas vigilaban la calle, saludaban a quién pasaba y, a menudo, sacaban sillas y tumbonas para pasar los ratos libres en el fresco. En verano, las piscinitas sobre el asfalto convertían ese espacio abandonado de la periferia en una ciudad ideal para los niños. Y la apoteosis de ese uso intensivo de la calle era obviamente la fiesta de Sant Joan: «una discoteca en cada calle», y las hogueras alrededor de las cuales los habitantes cada año hacían «borrón y cuenta nueva» de sus conflictos de vecindario.

Así, mientras los partidarios de la demolición alimentaban la falsa dicotomía entre «nostalgia» y «modernidad», el barrio nos dio infinitas señales de que, anteriormente al «Plan de Remodelación», los habitantes de Bon Pastor ya habían puesto en marcha una dinámica de crecimiento cultural de larga duración. Las Casas Baratas eran un «barrio-resistencia» que, con su propio funcionamiento habitual, ponía en cuestión muchos de los implícitos sobre qué es y cómo tiene que ser una ciudad. En primer lugar, cuestionando de quién son las calles. Naturalmente, prohibir las hogueras de Sant Joan en toda la ciudad (en Bon Pastor tardaron algún año más en apagarse) fue un golpe muy duro para esta sociabilidad de calle y para el mantenimiento de las relaciones de cohabitación: Sant Joan era aún una fiesta de catarsis colectiva y purificación de los «malos espíritus», es decir de los conflictos. La tendencia cada vez más de la Administración a crear espacios públicos de puro tránsito, con todos los dispositivos que han ido llenando nuestras ciudades en estos años, tenían que chocar contra un sitio en que la vida en la calle era: primero, una necesidad obligada por la conformación urbanística y la densidad de población en cada vivienda, luego un extraordinario instrumento para la cohesión social y la convivencia. Las calles de Bon Pastor eran parte de un sistema de convivencialidad, como diría Ivan Illich. No eran del todo públicas, y menos aún privadas.

Eso se aplica también a las viviendas. Como decían los habitantes de Bon Pastor, «las casas son nuestras». Para justificarlo, contaban una historia de la cual no queda constancia escrita: que el Ayuntamiento engañó a la gente, porque los terrenos en los que se construyó el barrio eran de una Marquesa que los había cedido «a los pobres», y con el tiempo las viviendas tenían que ser de propiedad. Todas las fuentes oficiales se han apresurado a definir como falsos estos rumores; pero en antropología sabemos que a este tipo de narraciones se les puede bien llamar con otro nombre; el cuento de la Marquesa es un mito. No importa si es verdadero o falso: sirve para dar fundamento a una realidad más profunda, que los habitantes de las Casas Baratas sienten que las casas les pertenecen, al menos tanto como ellos les pertenecen a ellas. Las han habitado sus padres y abuelos, reconstruido después de las bombas, pintado y modificado cada rincón; la propiedad legal de los terrenos poco importa ante esta evidencia histórica, pues estarían en el suelo sino fuera por ellos. Si fuera un pueblo indígena, hablaríamos de derecho consuetudinario: los habitantes de Bon Pastor (al menos, la mayoría de ellos) se han comportado con las Casas Baratas como si les pertenecieran. Por eso es legítimo poner en duda el derecho legal del Ayuntamiento a obrar en esos terrenos. Aún más si es para demoler las viviendas. Vemos así como desde la extrema periferia de la ciudad nos llegan elementos para poner en duda lo que es más central para el orden económico de la ciudad, el derecho a la propiedad del suelo urbano, del patrimonio inmobiliario, de la vivienda, del espacio, público y privado.

Un último apunte sobre las dinámicas de gestión de la «diversidad cultural», así llamada. Cuando se construyeron esas viviendas —y con las de Bon Pastor, también otros tres polígonos en terrenos igualmente aislados del área metropolitana— se enviaron allí a grupos de «indeseables» de todo origen, muchísimos inmigrantes del sur de España, murcianos y andaluces, y también muchos catalanes expulsados de los barrios del centro en curso de recalificación. Allí fueron a parar muchos de los antiguos barraquistas de Montjuïc (y algunas de sus «barracas» eran casitas rurales de ladrillos, con dirección y número de placa), así como mucha gente que vivía en el Raval, en El Clot, en La Sagrera y en Sants. Al cabo de pocos años, las diferencias sociales, lingüísticas, culturales, habían cedido a la necesidad común de autorganizarse y luchar: allí la huelga de alquileres empezó en 1930, pocos meses después de la asignación de las casas. «Desheredados» y expulsados a la periferia, estos «indeseables» crearon una cultura común inclusiva y adaptable, capaz de hacer frente al racismo y al clasismo institucional sin reproducir en su interior las tensiones entre grupos. Durante toda la historia del barrio hubo matrimonios entre inmigrantes y catalanes, entre charnegos y «catalans catalans», como los llama Francesc Candel, un escritor que se obsesionó con ver si los habitantes de las Casas Baratas se convertirían en verdaderos catalanes. «Yo soy catalán, pero hablo castellano», me dijo un hombre de Bon Pastor que se llamaba como él. Nada más fácil.

Cuando, a partir de los setenta, empezaron a llegar los gitanos, esta capacidad de inclusión se mantuvo. El lenguaje de quién vive en las Casas Baratas nos choca por racista y ofensivo, por la falta de tacto o corrección política. Pero los hechos demuestran que allí a menudo no es fácil saber realmente quién es gitano o payo: la colaboración en las necesidades de cada día, vigilar la calle cuando los niños están fuera, picar a la puerta a una anciana que no sale hace tiempo son prácticas de convivencia que refuerzan los vínculos entre familias, tanto gitanas como payas. Habiendo vivido cerca durante décadas, no es raro escuchar frases como «A los gitanos no los soporto; pero los de mi calle son muy buenas personas, nos ayudamos en todo». En una época en que el resurgimiento del racismo, y hasta su promoción institucional, es una constante en toda Europa, la capacidad integradora espontánea de un barrio popular de la periferia puede darnos muchas ideas, a la hora de imaginar una sociedad antirracista.

Así que, la demolición de las Casas Baratas, que seguirá en los próximos años hasta abatir las últimas 400 que quedan de pie, borrará del mapa de Barcelona también una serie de interpretaciones alternativas de la ciudad, un conjunto de dinámicas sociales y culturales —una cultura popular— que cuestionaba en profundidad el discurso urbano dominante, contraponiendo al derecho oficial la práctica del uso. (Esta es una cuestión sobre la cual Giorgio Agamben está escribiendo en estos años palabras iluminadoras). Mi hipótesis es que este conjunto cultural tiene que ver con el pasado anarcosindicalista de las Casas Baratas, con que la peculiar conformación urbanística haya permitido que tantos elementos de ese proceso de emancipación colectiva siguieran impregnando este espacio, sus muros y sus plazas, a pesar de las bombas, de las represalias y de los carteles «prohibido jugar a pelota». Y si quienes viven hoy allí saben poco de las luchas de sus abuelos. Sin embargo, en sus vidas cotidianas reproducen y contribuyen a transmitir algo de sus logros, de su insumisión al poder y al discurso dominante, de su hostilidad hacia los intentos de control sobre el espacio.

Por esta razón es sorprendente la distancia que hay ahora entre quien vive y resiste cotidianamente en el barrio y los movimientos sociales de la ciudad, cuyas raíces son esa misma historia de autonomía y oposición al poder municipal, que en las Casas Baratas permanece inscrita en los espacios y en sus usos cotidianos. Durante muchos años de actividad política en Bon Pastor me he dado cuenta de lo difícil que es que los habitantes de las Casas Baratas, a pesar de la durísima lucha que conducían contra las administraciones de la ciudad, consiguieran despertar el interés del mundo activista. Hubo casos esporádicos (y sin duda importantes) de solidaridad concreta desde otros barrios, centros sociales y redes contra la especulación; pero en la cotidianidad los mundos siempre estuvieron separados. Las barreras construidas alrededor del barrio —tanto a nivel físico, con la infeliz posición del polígono, como social, con la estigmatizan y la creación de mitos negativos sobre sus habitantes— siguen vivas y activas, y nos impiden ver que pertenecemos a una historia común, más allá de las diferencias culturales, sociales e incluso lingüísticas. Sobre todo, nos impiden comprender hasta qué punto podemos aprender desde lugares como estos, que a menudo nos apresuramos a clasificar como externos a nuestros ámbitos de pertenencia.

Las Casas Baratas eran una «ciudad horizontal»: un lugar donde, con la práctica, se afirmaba el derecho a no ser gobernados, a no ser controlados, a odiar a los líderes. En 1934, los niños de la escuela pidieron que el barrio se llamara Vilabesós, rechazando el nombre del militar que había dado la dictadura de Primo de Rivera al barrio y también el del nacionalista catalán que había escogido la República. Después, durante el fascismo, llegó un cura que decidió dar al barrio el nombre de Bon Pastor: el pastor era él, y los habitantes unas «ovejas descarriadas», anticlericales y autónomas, que él se proponía redimir. Como él, otros misioneros que los diferentes partidos comunistas clandestinos enviaron al barrio en los sesenta, buscaban ovejas que dieran números a sus movilizaciones: así surgió la Asociación de Vecinos. Son fragmentos de un largo proceso de verticalización de un barrio que había sido horizontal —urbanística y socialmente. La demolición de las casas es la culminación de este proceso y el nuevo barrio vertical con que se están sustituyendo, reorganizando completamente el espacio según criterios planificados fuera de él, está acabando de disgregar la comunidad, invalidando todos sus instrumentos para la convivencia; sancionando definitivamente el cierre de ese tiempo de horizontalidad, de control descentralizado del espacio, de autogestión. En la monografía etnográfica que estamos a punto de publicar, y que se llamará La ciudad horizontal, describo con detalle cómo se articuló todo ese proceso y cuáles fueron sus impactos sociales.

Esa sustitución empezó con las bombas que descargó sobre el barrio la aviación fascista italiana en 1939. Uno de los niños que murieron ese día en las Casas Baratas se llamaba Progreso, un típico nombre anarquista de principios de siglo. El sueño de un progreso popular autónomo murió entonces. A este le sustituyó el progreso del desarrollismo, que empezó justo después de los bombardeos, utilizando los mismos agujeros que dejaron las bombas para construir una ciudad de muerte y de control social. Hoy ese sueño se remata, acabando la labor de la aviación fascista, en tiempos de paz y con la retórica de la participación ciudadana. Si somos antidesarrollistas es porque seguimos soñando con ese progreso autónomo de entonces. Y esperamos que nuestras palabras, fotografías, vídeos y grabaciones, sirvan para mantener vivo su reflejo en nuestras conciencias, si no puede vivir en nuestras ciudades.

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