Istmeño, viento de rebeldía: un documental de resistencia al despojo

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Director: Alèssi Dell´Umbria

Argelaga, 23 de agosto de 2015

El pasado mes de julio tuvimos ocasión de ver en Barcelona la proyección del documental que describe la resistencia de los campesinos y pescadores indígenas del Istmo de Tehuantepec (Oaxaca) a un frente formado por multinacionales, autoridades gubernamentales y partidos políticos, decidido a convertir el territorio en “una selva de energía”, recurriendo a los habituales métodos de corrupción, engaño, intimidación e incluso al asesinato. Aléssi da voz al pueblo istmeño que se bate contra los proyectos de construcción de centrales eólicas en defensa de sus medios de subsistencia, de sus costumbres y de su forma de vida, seriamente amenazados por procesos de expropiación, usurpación y privatización de tierras comunales y ejidales, es decir por la conversión de su territorio en capital industrial. Lo más notable es sin duda la autoorganización popular surgida en respuesta a las necesidades inmediatas de la lucha, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y del Territorio, que comporta tanto el rechazo de los partidos, las autoridades municipales y todo lo que represente al Poder, como la autodefensa ante sicarios, paramilitares y policías. El refuerzo de prácticas comunitarias, de formas de democracia directa incipientemente armada y de justicia popular, apunta a un proceso positivo de secesión similar al emprendido por algunas comunidades en otros estados de México como Guerrero, Michoacán y Chiapas. No es algo específicamente mejicano: allá donde subsistía un tejido comunal o donde las condiciones extremas habían empujado a crearlo, se ha producido una deriva hacia modos autogestionarios. Ateniéndonos a los casos más señalados, recordemos la revuelta en 1992 de los aarch argelinos, los levantamientos de la población de El Alto en Bolivia (en 2003 y 2005), la insurrección de la ciudad de Oaxaca en 2006, la resistencia actual de los indios del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure), también en Bolivia, la guerra en el Kurdistán sirio iniciada en 2012 o, en menor medida, las asambleas de barrio en las ciudades griegas. En consecuencia, cabe pensar que la protesta comunitaria secesionista, nacida en la defensa del territorio, constituye la forma más clara y más avanzada de lucha anticapitalista.

Aléssi es un buen conocedor de la realidad mejicana y nosotros sacaremos provecho de ello, en particular, de sus artículos “Las tierras comunales de Santa María Ostula” y “Narcos militares. La paranoia y el terror como paradigmas de gobierno”, a nuestro parecer esenciales. Dicho esto, vayamos con el origen de la plaga desencadenada sobre el campesinado indígena que amenaza con exterminarlo, que no es otro que la capitalización del mundo o mundialización de la economía, o sea, la llamada globalización capitalista, aquello que los dirigentes denominan “progreso”. En México la globalización puede fecharse el 1 de enero de 1994, día de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (en inglés NAFTA), mediante el cual se crea un área de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y la república federal, es decir, se suprimen las barreras aduaneras al capital foráneo. Automáticamente, con el tratado, el Estado mejicano cambiaba de función: de ser el tutor de un capitalismo nacional y garante de aquellas libertades que un régimen burocrático patrimonialista se podía permitir, pasaba a ser el mediador necesario entre el capital internacional y la sociedad civil, el garante de la incorporación del espacio nacional al mercado mundial. Dicha incorporación, como se ha visto, no excluía el empleo de métodos expeditivos contra los habitantes obstinados o simplemente pobres. El interés general, que antes del tratado no era más que el interés de la clase política priista, se asimilaba al interés de las empresas transnacionales, la salvaguarda de la cual competía a las fuerzas del orden, cuyos escrúpulos en materia de violencia contra la gente común siempre han sido escasos. Las evidentes dificultades del cambio, el desarrollo del narcotráfico y la proliferación de mafias en el seno del aparato administrativo-represor que forzaron por un lado el fin del paternalismo estatista de antaño, impusieron por el otro la estrategia del caos y el terror que hoy contemplamos en forma de atrocidades espeluznantes. Algo debió fallar: el abandono de tierras y la elevación de los niveles de pobreza de una masa desarraigada acumulándose en las periferias de las ciudades metropolitanizadas no pudieron compensarse con la oferta de empleo ligada a la inversión extranjera, el agronegocio y la exportación de petróleo. Tampoco la aparición de una burguesía especuladora y de una ridícula clase media lo suficientemente sumisa y americanizada como para disparar la demanda de bienes de consumo pudo estabilizar el sistema político, siguiendo el modelo brasileño. En fin, la violencia de un narcoestado policiaco-militar que azota el país ha sido el resultado más palpable de veinte años de desintegración social, reconversión administrativa y capitalismo duro, es decir, de “progreso” y “desarrollo” a todo trapo.

Allí donde a pesar de todo las comunidades han sabido mantenerse, defendiendo su cultura, sus tradiciones, la propiedad colectiva y el uso regulado de las tierras comunales y ejidales, el éxodo rural no se ha producido y la descomposición social no ha tenido lugar, con lo que la penetración mafiosa ha podido frenarse y los proyectos capitalistas han encontrado serias resistencias. La sociedad indígena ha levantado barreras contra la brutalización del territorio, erigiéndose sin pretenderlo en una opción y modelo de vida superior al del mundo capitalista cuando los nuevos aires globalizadores se orientaban hacia el “desarrollo sostenible”. En efecto, en 2006, México, y en particular, el estado de Oaxaca, sufrió un nuevo desembarco de empresas ávidas por explotar minas a cielo abierto, efectuar prospecciones, construir presas, autopistas, complejos turísticos y sobre todo centrales eólicas industriales, mal llamadas “parques”. Cabe destacar la presencia de entidades privadas españolas en la ofensiva, especialmente en lo que respecta a los aerogeneradores o “ventiladores”, que es como los llaman los lugareños. Gamesa, Iberdrola, Acciona o Endesa son las más conocidas, pero no las únicas: al reparto del pastel han acudido Ingeteam, Preneal y Renovalia, empresas relacionadas con la electrónica de control, la construcción de renovables industriales y la explotación de electricidad de fuentes “límpias”. Ni qué decir tiene que los procedimientos empleados en la promoción de tales fuentes no han podido ser más sucios.

La acometida capitalista ha sido de tal magnitud que en el Istmo ha provocado como respuesta una contundente reafirmación de la comunidad y de sus valores, poniendo en primera fila una concepción de la vida radicalmente opuesta a la búsqueda individual de beneficio y al consumismo enfermizo. La solidaridad horizontal contra la jerarquización egoista. No es la primera vez que esto ocurre. En las primeras etapas del capitalismo y asimismo de la incubación revolucionaria, Ricardo Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano veían en la tenencia no individual de tierras, en la ausencia de la idea de propiedad, en los mecanismos solidarios de distribución y en las relaciones igualitarias y cooperativas de los indios la perfecta alternativa a la sociedad de la propiedad privada, el Estado y las clases. Por eso no es casual que el anarquismo magonista vuelva a la actualidad y que el ejemplo de Ricardo Flores constituya un referente en las luchas por el territorio: “la tierra es lo primero”. Sin embargo, seríamos injustos si nos olvidáramos de la obra de B. Traven, una reivindicación mayúscula de la sociedad india. Justo al concluir el periodo revolucionario, en 1929, un superviviente de la revolución alemana (Ret Marut) publicaba “La Rosa Blanca”, elogio razonado de la concepción tradicional del mundo frente a la mentalidad depredadora del ejecutivo petrolero. Para el indio la venta de la tierra significa la pérdida de su alma, la ruptura con sus antepasados, la traición a su pueblo: “la tierra es eterna, el dinero no; por eso no se puede cambiar tierra por dinero”. Habrá que borrarle del mapa para que el progreso económico continúe su marcha triunfal. La novela fue llevada al cine en 1961 por Roberto Gavaldón, con la colaboración del propio Traven/Marut, y el gobierno de turno tuvo a bien censurarla. Casi un siglo después, el panorama no ha cambiado en lo concerniente a la tierra. En todo caso, el mito del Progreso se ha revelado como un macabro espejismo, colocando la cuestión territorial en el centro de la cuestión social. Pues el territorio no es una sucesión de parcelas privadas dispuestas a enajenarse por un precio adecuado, sino un lugar habitado, con su historia, sus costumbres, su diversidad, sus productos y sus relaciones sociales que en conjunto determinan una comunidad. Y la vida comunitaria está en las antípodas de la vida en régimen de compraventa. La nueva ofensiva global trata de uniformizar el territorio que todavía subsiste para introducirlo en el mercado, arruinando de paso la vida que alberga, mediante la imposición de modelos de supervivencia urbanos, la separación entre la tierra y quienes la trabajan y la emigración forzosa. Por ironía de la historia, las ciudades han dejado de ser refugios para convertirse en selvas de cemento que exportan su miseria al espacio rural, mientras que éste, en los casos que ha podido resistir a la industrialización, es el único refugio de una vida con sentido, de una riqueza de momentos que no tiene precio.

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